Con la apertura de nuevos legajos en Junta de Clasificación y la cobertura mediante suplentes de cargos y horas cátedra, el Consejo Provincial de Educación destacó la paulatina implementación de esta normativa en algunos niveles y modalidades del servicio educativo suspendido por la adhesión a la medida de fuerza. En cuanto a la compensación de los días de perdidos se avanzó en la confección de un panorama acabado sobre las instituciones educativas, grupos escolares y/o espacios curriculares más afectados por el conflicto.
Río Gallegos, 16-MAY-2011
El Consejo Provincial de Educación avanza en la implementación del Acuerdo Nº 78/2011 con la apertura de nuevos legajos en Junta de Clasificación y la cobertura mediante suplentes de cargos y horas cátedra y destacó que, en algunos niveles y modalidades, es paulatina la puesta en marcha de esta normativa que busca garantizar el servicio educativo afectado por la adhesión a la medida de fuerza.
En cuanto a la compensación de los días perdidos, desde la Coordinación Educativa del CPE detallaron que ya se cuenta con un panorama acabado de la situación por institución educativa, grupo escolar y/o espacio curricular para generar una línea de intervención pedagógica y evaluativa para garantizar las oportunidades de aprendizajes de los alumnos.
Cabe recordar que mediante este Acuerdo, los integrantes del Consejo Provincial de Educación aprobaron la suspensión de todas las actividades que impliquen pérdidas de clases; la apertura de nuevos legajos e inscripciones permanentes en Juntas de Clasificación para el ejercicio de la docencia; la cobertura, a través de suplencias, de cargos jerárquicos y horas cátedra y dar de baja aquellas designaciones con carácter de excepción en las que no se estén prestando servicio por adhesión a las medidas de fuerza.
Al respecto, la secretaria de Coordinación Administrativa, Lilia Godoy Schmit aseveró que a pesar de los inconvenientes surgidos por la toma del edificio de las Juntas de Clasificación –sito en Av. Kirchner 1530– “los Organismos Técnicos lograron incorporar docentes a los listados y en las instituciones educativas en las que no se pusieron obstáculos se pudo reestablecer el dictado de clases”.
A la vez que destacó el compromiso de los docentes y directivos “que comprenden que esta norma no es caprichosa porque todos los funcionarios estamos obligados a dar cumplimiento a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Nº 26.061) que habla de la defensa de derechos de niños”.
“Esta ley nos obliga a poner todas las herramientas y estrategias que nuestro sistema cuente para garantizar el Derecho de los Educación, sin dejar de garantizar el derecho de los docentes a la adhesión de medidas de fuerza”, subrayó la funcionaria.
Y solicitó a las familias de los alumnos “que corroboren en cada institución educativa cuáles son los cursos que se van cubriendo”
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